La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos.
La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos muy por encima de su precio legal y, según las entidades que están prestando apoyo a los afectados, pretende ayudar a las entidades financieras a mitigar las cuantiosas pérdidas que iban a sufrir y a parchear la situación para evitar el escándalo que provocaría una catarata de desahucios a personas que eran víctimas de una ilegalidad.
El fraude en la venta de pisos protegidos se vio favorecido por el bajo precio legal de los pisos de Badia, municipio levantado por el franquismo para acoger a los inmigrantes del resto de España llegados para trabajar en Barcelona. Estas viviendas -de régimen especial, con un valor oficial el 50% por debajo de las viviendas protegidas normales- no podían venderse por encima de los cerca de 40.000 euros, en los casos más caros, que fijaba la ley.
Sus dueños, sin embargo, las sacaron al mercado por cantidades que multiplicaban por hasta cinco veces su precio legal. Para que ello fuera posible, los propietarios debieron contar con la complicidad (por acción u omisión) de empresas inmobiliarias, cajas -que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros por pisos que no podían valer más de una quinta parte y que, por tanto, sirvieron para pagar en dinero negro buena parte de las compras-, notarios y la propia Generalitat, que a través de su organismo público de vivienda (Adigsa) debía velar por evitar estos fraudes.
Pero en los años de la especulación salvaje todos los controles fallaron y cientos de personas (en su mayoría inmigrantes marroquíes) acabaron comprando los pisos con unas hipotecas gigantescas que no iban a poder pagar.Con la llegada de la crisis, la situación en Badia se fue haciendo insostenible: uno tras otro, los compradores perdieron el trabajo e, incapaces de pagar la hipoteca, el desahucio se perfiló como la única alternativa en su horizonte. A principios de año, 80 familias estaban en esta situación y la cifra amenazaba con multiplicarse.
Para las cajas -principalmente Caixa Catalunya, hoy CatalunyaCaixa, pero también Caixa Penedès y Cajamadrid- la situación no era mucho mejor. De las incobrables hipotecas de 200.000 euros que habían concedido apenas iban a recuperar los 40.000 que, legalmente y sobre el papel, valían los pisos de Badia.
La catarata de desalojos que se avecinaba, con el consiguiente escándalo y conflicto social, se evitó con un acuerdo entre la Generalitat y CatalunyaCaixa que establece que la entidad se quedará con los pisos, perdonará a los compradores las hipotecas pendientes y les cobrará un alquiler.
Las grandes pérdidas que iban a sufrir CatalunyaCaixa y las otras entidades, sin embargo, se verán paliadas en buena medida por la decisión adoptada por la Generalitat (formalmente una modificación de un decreto), que duplica de un plumazo el valor de los pisos y, por tanto, los activos que las entidades pueden incluir en sus cuentas financieras.
La medida establece que todas las viviendas nuevas tendrán el mismo valor que el fijado para la vivienda social de régimen general, el doble del que tenían anteriormente. La modificación también permite a los propietarios actuales revalorizar su piso.
Esta decisión, según las entidades que están ayudando a los afectados, solo sirve para reducir "las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada", asegura Alternativa d'Esquerres per Badia. "Los bancos participaron en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración", agrega Ada Colau, del Observatorio Desc.
Estas entidades sociales destacan, además, que la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. "El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco", señala Colau.
La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la solución: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos. El problema es que los afectados rechazan volverse a endeudar con el banco.
Para la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, la modificación del decreto es positivo para Badia porque contribuirá a que deje de ser "una isla infravalorada respecto a las localidades vecinas".
CatalunyaCaixa, por su parte, negó ayer cualquier relación con el fraude y destacó que con el acuerdo con la Generalitat la entidad pretende contribuir a solucionar una situación difícil para todas las partes.
La Generalitat aprobó el pasado mes de febrero una modificación del régimen de la vivienda protegida de Badia del Vallès (que afecta a los 5.372 pisos del municipio) que, en la práctica, supone duplicar el valor de todas las viviendas de la localidad. La extraodinaria medida se adoptó cuando empezó a aflorar el fraude en la venta de pisos protegidos muy por encima de su precio legal y, según las entidades que están prestando apoyo a los afectados, pretende ayudar a las entidades financieras a mitigar las cuantiosas pérdidas que iban a sufrir y a parchear la situación para evitar el escándalo que provocaría una catarata de desahucios a personas que eran víctimas de una ilegalidad.
El fraude en la venta de pisos protegidos se vio favorecido por el bajo precio legal de los pisos de Badia, municipio levantado por el franquismo para acoger a los inmigrantes del resto de España llegados para trabajar en Barcelona. Estas viviendas -de régimen especial, con un valor oficial el 50% por debajo de las viviendas protegidas normales- no podían venderse por encima de los cerca de 40.000 euros, en los casos más caros, que fijaba la ley.
Sus dueños, sin embargo, las sacaron al mercado por cantidades que multiplicaban por hasta cinco veces su precio legal. Para que ello fuera posible, los propietarios debieron contar con la complicidad (por acción u omisión) de empresas inmobiliarias, cajas -que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros por pisos que no podían valer más de una quinta parte y que, por tanto, sirvieron para pagar en dinero negro buena parte de las compras-, notarios y la propia Generalitat, que a través de su organismo público de vivienda (Adigsa) debía velar por evitar estos fraudes.
Pero en los años de la especulación salvaje todos los controles fallaron y cientos de personas (en su mayoría inmigrantes marroquíes) acabaron comprando los pisos con unas hipotecas gigantescas que no iban a poder pagar.Con la llegada de la crisis, la situación en Badia se fue haciendo insostenible: uno tras otro, los compradores perdieron el trabajo e, incapaces de pagar la hipoteca, el desahucio se perfiló como la única alternativa en su horizonte. A principios de año, 80 familias estaban en esta situación y la cifra amenazaba con multiplicarse.
Para las cajas -principalmente Caixa Catalunya, hoy CatalunyaCaixa, pero también Caixa Penedès y Cajamadrid- la situación no era mucho mejor. De las incobrables hipotecas de 200.000 euros que habían concedido apenas iban a recuperar los 40.000 que, legalmente y sobre el papel, valían los pisos de Badia.
La catarata de desalojos que se avecinaba, con el consiguiente escándalo y conflicto social, se evitó con un acuerdo entre la Generalitat y CatalunyaCaixa que establece que la entidad se quedará con los pisos, perdonará a los compradores las hipotecas pendientes y les cobrará un alquiler.
Las grandes pérdidas que iban a sufrir CatalunyaCaixa y las otras entidades, sin embargo, se verán paliadas en buena medida por la decisión adoptada por la Generalitat (formalmente una modificación de un decreto), que duplica de un plumazo el valor de los pisos y, por tanto, los activos que las entidades pueden incluir en sus cuentas financieras.
La medida establece que todas las viviendas nuevas tendrán el mismo valor que el fijado para la vivienda social de régimen general, el doble del que tenían anteriormente. La modificación también permite a los propietarios actuales revalorizar su piso.
Esta decisión, según las entidades que están ayudando a los afectados, solo sirve para reducir "las pérdidas de las cajas, que se habrían quedado un piso que no vale casi nada", asegura Alternativa d'Esquerres per Badia. "Los bancos participaron en el fraude concediendo hipotecas irresponsables, pero una vez más, no se les hace pagar los platos rotos, sino que son asistidos por la Administración", agrega Ada Colau, del Observatorio Desc.
Estas entidades sociales destacan, además, que la revalorización de los pisos de Badia beneficia a todos menos a las familias afectadas. "El hecho de que se duplique el valor del piso significa que estas personas han gozado de un incremento patrimonial y Hacienda les reclamará el pago de los impuestos correspondientes a pesar de que la vivienda dejará de ser suya porque se la quedará el banco", señala Colau.
La Generalitat y CatalunyaCaixa ya han previsto la solución: el acuerdo establece que la caja dará créditos a las familias para pagar estos impuestos. El problema es que los afectados rechazan volverse a endeudar con el banco.
Para la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, la modificación del decreto es positivo para Badia porque contribuirá a que deje de ser "una isla infravalorada respecto a las localidades vecinas".
CatalunyaCaixa, por su parte, negó ayer cualquier relación con el fraude y destacó que con el acuerdo con la Generalitat la entidad pretende contribuir a solucionar una situación difícil para todas las partes.
Escrito por El Pais
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